El lunes 6 de julio se anunció el acuerdo al que llegó el gobierno nacional con el mayor grupo de tenedores de bonos ecuatorianos. Este acuerdo para refinanciar la deuda es trascendental, tanto así que puede ser la única “victoria” del gobierno en este 2020.

El acuerdo alcanzado esta semana es un respiro para las finanzas públicas que se encuentran maltrechas y en terapia intensiva. Sin embargo, pese a tener motivos para celebrar este acuerdo, el ecuatoriano debe pensar en el largo plazo y controlar el manejo económico del país, tanto de este gobierno saliente como el del que asumirá las riendas en el 2021.

El acuerdo se ha alcanzado con el 48% de los tenedores de bonos “más importantes” lo que significa que aún se debe negociar este acuerdo con un 20% adicional de tenedores para obtener la mayoría en esta negociación. Esto debe ocurrir hasta el 15 de agosto de este año

También, es importante resaltar que este acuerdo abarca los 17.375 millones de deuda emitida en mercados internacionales mientras que el país mantiene una deuda total por $58.418 millones, es decir, hay mucho por hacer para ordenar la deuda del país.

El acuerdo alcanzado con ese 48% de acreedores se rige por 4 principios:

• Alivio
• Sostenibilidad
• Seguridad
• Responsabilidad

El principio de Alivio para las finanzas públicas se cumple en este acuerdo con la reducción de los intereses que se debe pagar por la deuda contraída. Cabe recordar en este punto que desde el 2015 los gobiernos de Correa y Moreno endeudaron al país con tasas inaceptables (10,75%) cuando el precio del barril de petróleo en promedio era de $50. Ahora, con el acuerdo, la tasa de interés de los bonos se reduce de 9,2% a 5,3% (promedio)

La deuda y las finanzas públicas se encontraban deterioradas previo a la pandemia. El Ecuador se acercaba desde el 2019 a un escenario insostenible. La crisis generada por la pandemia aceleró este proceso de inestabilidad e insostenibilidad de las finanzas públicas. Ahora, con el acuerdo alcanzado, se prioriza la Sostenibilidad del perfil de deuda del Ecuador. Esta sostenibilidad viene de la mano del plazo en el que se proyecta pagar la deuda y en los montos a pagar.

Para alcanzar esta Sostenibilidad se ha acordado una reducción en el pago de capital por 1.540 millones y se duplica el plazo para pagar la deuda. Además, se han acordado 5 años de gracia en el pago de capital y 2 años en intereses.

El tercer principio de este acuerdo es la Seguridad y significa que, tras este acuerdo, se logre evitar futuras crisis de pago como la que vive Argentina en este momento cuando ha caído en default parcial. Para esto, se ha reestructurado la conformación de los bonos hasta obtener tres tipos de bonos “sin instrumentos atados al petróleo” y con tasas de interés mucho menores a las pasadas.

El último principio eje de este acuerdo es la Responsabilidad. El gobierno de Moreno argumenta que este acuerdo debe “venir acompañado de mayor eficiencia y transparencia” para que errores cometidos en el pasado no vuelvan a ocurrir.

A todas luces este es un acuerdo beneficioso para el país y extremadamente necesario. Este acuerdo, de concretarse íntegramente en agosto, brindará alivio, sostenibilidad y seguridad para el país y sus finanzas públicas. Sin embargo, el último principio utilizado en este acuerdo, la Responsabilidad, es el que más debe preocuparnos y por el cual debemos estar atentos al largo plazo.

El gobierno habla de mayor eficiencia y transparencia para manejar con responsabilidad la economía del país, en este caso la deuda. Cabe preguntarse entonces ¿por qué no se manejaron con responsabilidad cuando se superó el límite de deuda con relación al PIB (40%) y se modificó la metodología de cálculo para poder seguir endeudándolo?

Es importante preguntar de igual manera ¿por qué recién, cuando la pandemia golpea a la economía del país, se plantea la reestructuración seria de un aparataje estatal (reducción de presupuestos, venta de empresas públicas, etc) que no era sostenible y que es precisamente una de las causas de la deuda que ahora renegociamos como país?

En este escenario de escepticismo debemos preguntarnos además ¿cómo garantizamos la responsabilidad, a la que se hace alusión en este acuerdo, cuando en 2021 habrá un nuevo gobierno que puede comulgar con cualquier opción del espectro ideológico actual (izquierda o derecha) y cambiar las reglas del juego?

La reestructuración de la deuda del Ecuador es un paso para mejorar la situación fiscal y económica del país, pero todos estos esfuerzos se transformarán en hechos aislados si no se reestructura el funcionamiento del Estado y evaluamos, como ciudadanía, desde una perspectiva muy crítica, lo que queremos de este.

El acuerdo alcanzado con el grupo de tenedores de bonos lo que consigue al final del día es estirar la deuda y pagar menos, pero si realmente queremos un Estado eficiente y transparente, que nos permita pensar en el crecimiento económico del Ecuador y no en cómo renegociar una deuda y celebrarla como un triunfo, debemos ser escépticos, críticos y abordar estos acuerdos de manera objetiva.

Este acuerdo nos da un respiro, sí, pero si no comenzamos a pensar en cómo alcanzar un mejor Estado, en diez años nos encontraremos ante el mismo problema. Es por esto por lo que se torna fundamental detener el distanciamiento entre la sociedad civil y la clase política. Se torna necesario dejar de lado el dilema existente entre “Ellos” y “Nosotros”.

Esto significa que debemos hacernos responsables de lo sucedido. Todos, sin excepción, debemos hacernos cargo de que hoy celebremos el aplazamiento y renegociación de la deuda y no que podamos celebrar un manejo económico adecuado que permita capear esta crisis de mejor manera.

Será responsabilidad de todos estructurar propuestas y mantenernos atentos a la situación del país para que ese principio de Responsabilidad se cumpla desde hoy y perdure en el tiempo.