Como garantista y promotora de derechos se califica a la Constitución ecuatoriana del 2008, misma que a lo largo de su texto parecería priorizar y fundamentar su esfuerzo en el reconocimiento de normas capaces de suplir los vacíos jurídicos y políticos que no han logrado ser abarcados históricamente en pro de los grupos de atención prioritaria de nuestro país.

El Capítulo tercero del Título segundo de nuestra Constitución establece los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria que se clasifican en: personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. A esta clasificación se le debe sumar otros grupos como pueblos y nacionalidades, personas en situación de movilidad humana, el pueblo afrodescendiente, y quienes forman parte de la población LGBTIQ+ y que son atendidos por diversas instituciones ya sean del gobierno central o los gobiernos locales.

Teniendo en cuenta estos grupos de atención prioritaria el país debería contar con leyes especializadas o cuerpos normativos que rijan única y exclusivamente para atender las necesidades de los mismos, sin embargo, y como he mencionado en líneas anteriores, la Constitución de 2008 lo que ha hecho no es más que un esfuerzo discursivo y subjetivo con el fin de hacernos creer que el Estado cumple con ser garantista y promotor de derechos, generando conflictos en cuanto a la destinación de recursos por la falta de políticas públicas que no cuentan con una base legal, la cual ha sido generalizada en la nula comprensión de los derechos con los que debe contar la población en estudio.

Entre 2014 a 2019, el Municipio de Quito por medio del Patronato San José, la Secretaria de Inclusión Social y el trabajo coordinado con las administraciones zonales lograron apuntalar iniciativas y proyectos que tuvieron grandes resultados y éxito en la atención de los grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, en todo el Distrito Metropolitano se crearon los llamados guaguas centros que abastecieron el cuidado de niñas y niños en situación de vulnerabilidad por las condiciones socio-económicas de sus representantes; se consolidó el programa salud al paso que tan solo en 2015 atendió a 319 000 personas de manera gratuita con el fin de generar un diagnóstico médico sobre la salud de la ciudadanía y fue principalmente dirigido hacia la población en situación de calle, movilidad humana o que no contaban con los recursos para el acceso a la salud; se benefició a 40 000 adultos mayores con el Sistema Integral de Atención al adulto mayor; se incluyó en propuestas de políticas públicas y reconocimiento el trabajo conjunto con la población LGBTIQ+, siendo el Municipio de Quito el pionero en este tipo de gestiones y dando el ejemplo a nivel nacional.

Lamentablemente, y a pesar del éxito en el eje social que tuvo la capital entre 2014 y 2019, los recursos destinados a los grupos de atención prioritaria por parte del gobierno central no abastecieron la realidad a nivel nacional, y por otra parte, la falta de recursos en el Municipio de Quito no pudo con el alto incremento de personas que llegaban a la ciudad desde otras provincias o países en busca de ayuda. A este problema se debe sumar que, en la actual administración municipal se han cerrado los principales programas de atención social que fueron difundidos en la capital en el periodo 2014 – 2019, entre ellos se cerró el programa salud al paso, los guaguas centros, el trabajo integrado con adultos mayores, y lo que se ha priorizado es una ejecución territorial sin tener como base la estructura de política pública con la que se deben iniciar este tipo ayudas en fin de garantizar y promover derechos.

El abandono de los grupos de atención prioritaria genera conflictos intrafamiliares, delincuencia, abuso sexual, violencia en todos sus tipos y sobre todo lleva al incremento de pobreza y situación de vulnerabilidad a más personas cada día. Las cifras de estos grupos tan solo en Quito son alarmantes, y el haber cerrado algunos de los programas creados entre 2014 y 2019 fue un grave error por parte de las autoridades de turno, sumando a esto la falta de recursos ya antes criticada. En 2017 se identificó que más de 4 000 personas, entre ellas y la gran mayoría adultas mayores, vivían y hacían de su hogar las calles de la capital; en ese mismo año, un total de 29 000 personas con discapacidad vivían en la ciudad, de las cuales 26 100 se veían obligadas a tomar el transporte público; en 2018 se presentaron datos que demostraban la vulnerabilidad de niñas y adolescentes embarazas, 50 por cada 1000, en cuya frecuencia de casos, varios de estos eran producto de abusos; en 2020 se conoció que habían 25 600 niños, niñas y adolescentes trabajando en las calles de la ciudad.

Las alternativas ante los altos índices de población perteneciente a los grupos de atención prioritaria deben ser las siguientes: primero, retomar los proyectos consolidados por el Municipio de Quito entre 2014 y 2019 que sirvieron como ejemplo a nivel nacional y fueron puestos en práctica por otras alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales; fortalecer los programas de atención social, más no eliminarlos al llegar una nueva administración pues esto causa un retroceso de derechos humanos; coordinar y aumentar los recursos entre el gobierno central y los GADS, priorizando la necesidad y el difícil acceso que tienen estos grupos en cuanto a recursos diarios.

Lo dicho en la Constitución del 2008 tiene que ser puesto en práctica mediante cuatro ejes: base jurídica no generaliza; institucionalización de atención a grupos de atención prioritaria; destinación de fondos y recursos en el presupuesto anual de las instituciones públicas; trabajo conjunto con la empresa privada y la sociedad civil. Solo así se podrá aportar con la ayuda y soporte que se le debe dar a las más de 20 000 personas que hacen de su hogar las calles del país, a los más de 400 000 niños y niñas que se encuentran en situación de trabajo infantil, a las más de 455 000 personas con discapacidad a nivel nacional, a los cientos de casos de discriminación dirigida hacia la población LGBTIQ+, personas en situación de movilidad humana, pueblos y nacionalidades, y pueblo afrodescendiente.

Ecuador no puede hacerse llamar un Estado garantista y promotor de derechos, tiene que ser un ejemplo en la región y poner en práctica lo que en un discurso parecería asimilarse como lo adecuado, cuando no es más que una respuesta breve y satisfactoria a problemas que solo tendrán una solución verdadera con la ejecución y trabajo coordinado del país.